Víctimas somos todos

En los últimos días la ex – secuestrada Ingrid Betancourt instauró una acción de conciliación contra el Ministerio de Defensa por todos los perjuicios ocasionados a ella y a su familia durante su secuestro. En ese caso ¿no serían las FARC a quienes tendría que entablarles alguna acción judicial por violar los derechos humanos, por utilizar la violencia constantemente en contra de la sociedad civil, por fundamentar su existencia en unos falsos ideales engañado así a otros países, por justificar su violencia en una sociedad democrática y por ser una de las organizaciones de tráfico de drogas más grandes del mundo, acrecentando nuestra ya maltrecha imagen en el exterior?

Es posible que en incontables oportunidades algunos colombianos nos hayamos preguntado ¿qué habría sido de nuestro país sin la guerra partidista de mitad del siglo XX, sin la creación y proliferación de las guerrillas, sin el narcotráfico, sin las Autodefensas y sin la corrupción? De seguro sería un país distinto, casi como una utopía, un sueño y los más probable es que los que lo habitamos actualmente tendríamos más oportunidades y otra mentalidad.

Lastimosamente la realidad no podría ser más lejana a aquel pensamiento. Desde hace muchos años los colombianos, unos más que otros nos enfrentamos a delincuencia común, ataques de las guerrillas, discriminación y estigmatización a nivel internacional, consecuencias precisamente de la violencia interna de la que somos víctimas; y no sólo un colombiano, ni dos, ni tres, sino la mayoría. Es por eso que somos personas muy distintas a cualquier ciudadano de otro país, nos hemos criado en una nación en la que lo más seguro es que el ejército esté presente en las diferentes vías, que los asesinatos a la sociedad civil por parte de cualquiera de los actores del conflicto armado son “cotidianos”, o en otras ocasiones “normales”, nos hemos acostumbrado a que los ataques terroristas a la fuerza pública y militar son el pan de cada día y a que los medios de comunicación muestren como varias personas han sido secuestradas.

El conflicto armado, el narcotráfico y la violencia se han convertido sin quererlo o aprobarlo en algo intrínseco del colombiano. Es por eso que surge el rechazo de muchos hacia la acción emprendida por Ingrid Betancourt contra el estado por las horribles consecuencias que un secuestro como el suyo acarreó no solo para ella, sino también para su familia. Independientemente de si Ingrid fue o no la responsable de su secuestro, ella no es la única damnificada por el conflicto armado colombiano. ¿Dónde quedan las personas a las que les han asesinado familiares, las que lo han perdido todo en ataques con bombas o cilindros de gas, las que han sido víctimas de minas, las que han sido reclutadas a la fuerza y el otro tanto de secuestrados que todavía permanecen en la selva?

De una forma u otra todos los que hemos nacido y vivido en este país hemos sido golpeados por la violencia en algún punto de nuestra vida. Y sí puede que el estado tenga la culpa, pues está obligado a proveernos seguridad en nuestro propio territorio[i], también es cierto que a través de tantos años no lo ha logrado y seguimos siendo objeto de múltiples embestidas violentas. De manera que esa indemnización que Ingrid y su familia exigen le corresponde a todo el resto de colombianos que sí ha vivido aquí durante toda su vida, que ha sido objeto constante de la violencia que nos azota día a día y que sí ha pagado impuestos de los que pretende se le pague una gigantesca suma.

Y si la cuestión es encontrar culpables para su tragedia, a ciencia cierta se sabe que son las FARC y ella misma por no seguir las recomendaciones de miembros del mismo estado al que acusa que en repetidas oportunidades le advirtieron del peligro inminente en la zona. De modo que si desea compensación o desagravio debería empezar a liderar una campaña en contra de las FARC en todo el mundo, ya que cuenta con gran reconocimiento en ese ámbito. Y no exigir de forma unilateral un resarcimiento que corresponde a muchos. Pero parece que hay heridas que para ella y su familia se curan con dinero y en cierta medida muchas personas podrían pensar lo mismo, no obstante si así fuera al estado no le alcanzaría el dinero para indemnizar al resto de colombianos en los que la violencia ha dejado huella. Su sufrimiento debió ser inmenso, pero los recursos públicos no deben ser destinados a su enriquecimiento o el de su familia por más grande que haya sido su dolor, éstos debe continuar intentando lograr la anhelada seguridad que todos soñamos. El estado invirtió gran cantidad de recursos en su liberación, pero al parecer para ella no es suficiente porque cree ser la única víctima, en un país donde las víctimas somos todos.

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· [i] ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

· ARTICULO 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.

· ARTICULO 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

· ARTICULO 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.